El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) le pidió al Gobierno de la República declarar una moratoria al cultivo de variedades transgénicas en el país, hasta que se garantice que su uso no afecta la salud pública, el derecho humano a la alimentación, así como la integridad de la biodiversidad.
Al mismo tiempo, le solicitó revocar la autorización que la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio) le dio a la empresa D&PL Semillas Ltda., subsidiaria de la transnacional Monsanto, para la siembra de maíz transgénico en suelo costarricense.
Las peticiones se hicieron en un pronunciamiento emitido el jueves 7 de marzo, mediante el cual el Órgano Colegiado reiteró la disposición de la UCR a colaborar, por medio de sus unidades académicas, centros e institutos de investigación, en la realización de estudios y proyectos que permitan tomar decisiones en beneficio del interés nacional.
El documento contiene, también, una petición expresa a la Asamblea Legislativa para que establezca una ley marco que regule de manera integral la materia de los transgénicos.
Según la UCR, aunque Costa Rica ratificó el Convenio Internacional y Regional sobre Biodiversidad y el Protocolo de Cartagena, y cuenta con la Ley de Biodiversidad, la normativa nacional en materia de regulación y control de los organismos genéticamente modificados que podrían ingresar en el país es insuficiente.
Reacciones
La autorización que la CTNBio dio a la empresa D&PL Semillas Ltda, el pasado mes de enero, para el cultivo de maíz transgénico, ha provocado la reacción de instituciones académicas, del movimiento estudiantil, organizaciones ambientalistas, colegios profesionales y municipalidades, las cuales han expresado su preocupación por los derechos de patentes, el peligro de contaminación transgénica, así como el conflicto con la agricultura orgánica y sus probables impactos ecológicos.
Según el Consejo Universitario, aunque desde inicios de los años 1990 se autorizó en el país la siembra de las primeras semillas relacionadas con organismos genéticamente modificados, principalmente con cultivos de soya, maíz y algodón, hasta la fecha no se han valorado los riesgos y los beneficios en la salud pública y sus efectos en el ambiente, así como su impacto socioeconómico.
En lo que respecta al maíz, destacó que es un cultivo autóctono de nuestros pueblos indígenas, con un legado cultural y alimentario esencial y de alto valor nutritivo en la dieta de los costarricenses, cuyas variedades locales eventualmente podrían llegar a cruzarse con variedades transgénicas introducidas de esta especie.
Ante la probable contaminación transgénica de las variedades autóctonas del maíz, el Consejo Universitario señaló que debe aplicarse el principio in dubio pro natura como una forma de precaución.
