Durante la segunda mitad del siglo XX, el aparataje antidrogas y de inteligencia norteamericano ha protagonizado múltiples escándalos que lo involucran al narcotráfico de escala global. Son los dos más poderosos cárteles de droga del mundo.

Con la libertad operativa que le otorgó durante décadas los gobiernos de la Cuarta República (estando el puntofijismo hasta el cuello en materia de narcotráfico), Venezuela no quedaría exenta de ser utilizada como una plataforma del narcotráfico internacional capitaneada por estos cárteles norteamericanos.

Varios casos explotaron en la opinión pública durante la década de los 90, más por rencillas dentro del cártel que por otra cosa, que develaron el estrecho vínculo de la CIA y la DEA en la exportación de drogas desde Venezuela, mediante la infiltración y posterior control a lo interno de las fuerzas armadas.

Las denominadas “operaciones antidrogas” en Latinoamérica sirvieron de excusa para que la CIA penetrara a los cuerpos de seguridad del Estado, condicionando sus decisiones y controlando su funcionamiento, sus altos mandos, ascensos y operaciones en el territorio. Todo.

En Venezuela (dada su ubicación geográfica principalmente) habían cavado profundo, así como en Colombia, Bolivia o Perú.

En los años 80 la CIA tenía su “hombre más confiable” en el general Ramón Guillén Dávila, según reseñara el Miami Herald en aquel entonces. Sí, es el mismo Ramón Guillén Dávila que en el año 2007 fue detenido por participar en un plan conspirativo pensado para asesinar al presidente Hugo Chávez.

Dávila era jefe de la unidad antidrogas de la Guardia Nacional y trabajó estrechamente con la CIA y la DEA en “operaciones antidrogas” para supuestamente desmantelar redes de narcotráfico con origen en Colombia. El 29 de noviembre de 1993, durante el programa de noticias estadounidense 60 Minutes, el ex jefe de la DEA para aquel entonces, Robert C. Bonner, afirmó que Ramón Guillén Dávila y la CIA habían trabajado en conjunto para contrabandear -al menos- 22 toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Un cargamento (de 800 libras) incautado ese mismo año en el Aeropuerto Internacional de Miami por agentes aduaneros de Estados Unidos, terminó por develar el trabajo en conjunto, y sobre todo, lo que alertara el periodista de investigación Michael Levine durante esos años: Ramón Guillén Dávila contaba con la protección de la CIA y sus operaciones de narcotráfico internacional desde Venezuela eran supervisadas por la agencia de inteligencia en cuestión. Al parecer a la DEA la habían dejado fuera de ese negocio: el motivo real de las acusaciones de Bonner.

Durante ese mismo año el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una investigación que implicaba a dos agentes de la CIA en Venezuela en el envío de 2.000 libras de cocaína a Estados Unidos desde Venezuela. Los investigadores federales que seguían el caso determinaron que el beneficiario de la operación era uno de los brazos del Cártel de Medellín, comandado por Pablo Escobar. El escándalo fue tal que el agente Mark McFarlin, agregado de la CIA en Caracas, fue expulsado de la organización. El otro agente implicado, cuya identidad no fue revelada, también habría sido sometido a procedimientos disciplinarios, según comentó un portavoz de la CIA llamado Dave Christian. Pero ya el negocio estaba hecho y el dinero cobrado.

Tratándose de una pugna entre cárteles, reseñó The New York Times que en el año 1989 los agentes de la CIA en Venezuela, Jim Campbell y Mark McFarlin, se reunieron con la agregada de la DEA, Anabelle Grimm, para discutir envíos de cocaína a Estados Unidos (mediante su operador Ramón Guillermo Dávila), para supuestamente recabar información sobre cárteles colombianos. Aunque la agregada se opuso, los agentes de la CIA continuaron con la operación sin que ella notificara a sus mandos superiores que la agencia de inteligencia estaba traficando cocaína. La omisión es también una forma de complicidad.

Pero aunque la exportación de drogas desde Venezuela comandada por la CIA y la DEA es lo suficientemente grave y despoja de credibilidad las acusaciones en contra de Venezuela como un supuesto “narcoestado”, hay otro dato que refleja las otras esferas del negocio: hasta el año 2005 que la DEA operó en Venezuela, 215 hectáreas cultivadas de distintas drogas había en Venezuela. No es casualidad.

Desde ese año hasta 2012, la ONU ha calificado a Venezuela como territorio libre de cultivos ilícitos, poniendo en relieve la frontal lucha contra el narcotráfico que ha emprendido el Gobierno Bolivariano desde que la DEA se fue del país. Distinto a Colombia, país donde opera libremente la DEA desde el año 1999, que no ha dejado de aumentar su producción y exportación de drogas hacia Estados Unidos. Tampoco es casualidad.